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| Melix Bonilla, ex subjefe dominicano de la policía en Lawrence (Massachusetts) |
El juicio, que comenzó esta semana, podría extenderse por cinco días o más.
Bonilla enfrenta también
acusaciones de conspiración, por su participación en un intercambio
ilegal de vehículos confiscados por la policía en Lawrence y cuya
transacción benefició a un empresario dominicano, propietario de un
dealer de vehículos.
Bonilla y su abogado
presentaron mociones y trataron de evitar el encausamiento de los
fiscales. El ex alto oficial, designado en la posición como subjefe
policial por Lantigua, se desempeñaba como uno de los principales
cuadros en el equipo de campaña del exalcalde.
Ambos son nativos de
Santiago de los Caballeros y radican desde hace décadas en Lawrence, una
ciudad con numerosa población latina predominantemente dominicana.
Bonilla entregó 12
vehículos que habían sido incautados por la policía al empresario
Bernardo Peña, propietario de Santo Domingo Motors en Lawrence, a cambio
de cuatro Chevys Impala. Peña es considerado un amigo de confianza del
exalcalde Lantigua y uno de sus donantes económicos de campaña más
importantes.
Ayer jueves, testificó en
el juicio el señor Jay Jackson, quien era el director de instalaciones
civiles de la policía de Lawrence durante la gestión de Lantigua y fue
posteriormente cancelado del cargo, por haberse opuesto al intercambio
de los vehículos.
Jackson testificó durante
90 minutos como un testigo estrella de los fiscales. La fiscalía llamó a
la mayor parte de sus testigos esta semana y se espera que la defensa
comience a llamar testigos el lunes, cuando el juicio se reanuda.
El juicio hará una pausa hoy viernes.
Se desconoce si Bonilla testificará en su propia defensa, frente a las acusaciones de conspiración, fraude y extorsión.
Jackson le dijo al jurado
que se sintió intimidado, degradado y obligado a ayudar con el canje,
temiendo que perdería su trabajo. En ese momento era también jefe de la
Policía Auxiliar, un trabajo voluntario sin paga.
Desde entonces fue despedido de los dos puestos de trabajo y ha presentado una demanda civil contra la ciudad.
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