El Centro Cultural Dominicano en Montreal (Canadá) y el dirigente
comunitario Héctor Luis Molina, rechazaron el boicot montado por grupos de la
diáspora haitiana en esa ciudad, contra el turismo de la República Dominicana,
por alegadas violaciones a los derechos humanos a los haitianos que residen en
el país caribeño y contra la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional.
Molina,
quien es licenciado en derecho con diplomado en relaciones internacionales,
dijo que la campaña de acusaciones contra los dominicanos, orquestada por los
haitianos en Canadá carece de veracidad y sólo busca atacar la industria
turística nacional con el fin de debilitarla.
Agrega
que los haitianos “quieren además, poner
en cuestionamiento nuestro sistema de derecho, que nos legitima e identifica como estado
soberano, con la prerrogativa de poder definir en nuestra carta magna quienes
son dominicanos o no, en la mismas condiciones y con el mismo derecho que
tienen todas las naciones del mundo”.
Molina
dice que “toda esta campaña la vienen realizando bajo la lógica de
victimizarse, con el alegato infundado y poco creíble de que somos un país
donde se practica el racismo, la xenofobia y la discriminación con el fin de
confundir a la comunidad de naciones y con ellos ganar adeptos a su causa de
condenar la República Dominicana en los escenarios internacionales”.
Señala
que República Dominicana no es, ni ha sido un país racista, por estar integrado
en su mayoría por un pueblo mulato que es el producto del intercambio racial
entre negros y blancos, es un símbolo de resistencia contra la discriminación
racial, por ser el suelo donde se produjo la primera rebelión de esclavos del
planeta en 1522.
Añade
que “no hay un país en el mundo, más generoso, solidario y más consecuente con Haití que
República dominicana. Siempre hemos estado ahí ayudándolo cuando nos han
necesitados”.
Molina
recuerda que República Dominicana y Haití, son dos pueblos distintos e
independientes, que comparten el mismo territorio dividido por límites
territoriales, con cultura, lengua y religión diferentes, por lo que deben
entendernos de manera armoniosa y pacífica, implementando tratados y relaciones
de amistad que tiendan a acercarlos.
Explica
que “cada uno en su lado debemos respetarnos y como naciones hermanas vivir y
aplicar el principio de la coexistencia pacífica, cooperación y la política de
buena vecindad”.
Reitera
que “somos una nación soberana e independiente, con derecho a la
autodeterminación, capaz de tomar nuestras propias decisiones, sin injerencias
extranjeras, con un sistema de leyes y reglas jurídicas que nos encuadran y
rigen nuestras relaciones”.
Precisa
Molina que “el estado dominicano, tiene
la potestad constitucional de definir quiénes son sus ciudadanos y cuales
requisitos deben reunir, sin que nadie se lo dicte”.
En
defensa de la sentencia del Tribunal Constitucional, sostiene que “con la mayor
jerarquía dentro del poder judicial, como uno de los tres poderes del estado,
puede dictaminar y dirimir por sentencia cualquier conflicto que se produzca en
el orden constitucional de nuestra carta magna y sus decisiones son inapelables
y vinculantes a las demás instituciones y poderes del estado dominicano”.
Indica
que la sentencia 168-13 no plantea nada
nuevo, ni tiene carácter retroactivo, sino que dispone hacia el futuro y
ratifica lo que establece la ley sustantiva del 2010 sobre la nacionalidad,
ratificada también, por el fallo de la Suprema Corte de Justicia del 2005 y la
constitución de 1929 en cuanto a la cuestión de definir quiénes son ciudadanos
dominicanos y las personas en tránsito.
“La
sentencia 168-13 del tribunal constitucional, manda y convoca los organismos
correspondientes: Interior y Policía, la Dirección General de Migración y la
Junta Central Electoral para hacer un levantamiento o auditoría con el
propósito de regularizar la situación de los extranjeros que se encuentran como
transeúntes, o ilegalmente en nuestro territorio para evaluarlos y determinar
sus arraigos”, añade Molina.
“Independientemente
de lo correcto de la sentencia 168-13 la que apoyamos, por defender nuestro
interés y nuestra soberanía nacional, la que es innegociable, estamos dándole
una salida humanitaria de regularización a esta situación, como se está ya
implementando, la propuesta hecha sabiamente por la presente administración de
gobierno, presidida por el compañero Danilo Medina, quien señaló el 27 de febrero pasado, frente al
congreso, que se respetaran los derechos humanos y que una vez terminado el
proceso se aplicará todo el peso de la ley porque ya no habrán más prorrogas”,
enfatiza.
ATAQUES
EN HAITI
Molina
se refirió también a los recientes hechos ocurridos el 2 de enero del 2015 en
la ciudad en Anse-pitre Haití, donde el personal del consulado dominicano que
funciona allí fue secuestrado por turbas de civiles haitianos, y en Puerto
Príncipe donde un grupo de haitianos violentaron el consulado dominicano,
bajaron y quemaron la bandera dominicana y en su lugar pusieron a ondear la
bandera haitiana, dijo que “constituyen actos violatorios de nuestra soberanía
nacional, en el sentido de que las normas del derecho internacional establecen
que nuestras misiones diplomáticas y los consulados, son parte de nuestro
territorio en los países donde están establecidos y por lo tanto gozan de
garantías, inmunidades, privilegios y seguridad de parte de los países
receptores”.
Manifiesta
que “estos hechos son violatorios no
sólo para la Republica Dominicana, sino más grave aún, una violación a las
normas más elementales del derecho internacional de la comunidad de naciones y
específicamente una violación a tratados internacionales multilaterales que
fueron firmados, entre otros muchos países, Republica Dominicana y Haití, como
lo fue la Convención de Viena de 1961, sobre relaciones e inmunidades
diplomáticas y la convención de Viena en asuntos consulares de 1963”.
Hizo
un llamado tanto a la ONU y la OEA como
organismos multinacionales a mantenerse vigilantes ante hechos como esos con
los que se crean fisuras y violentan las normas y la convivencia internacional.
“Estamos
completamente de acuerdo, apoyamos y saludamos el cierre de que fueron objeto
nuestras cinco consulados en Haití dispuesta por el Ministro de Relaciones
Exteriores y ordenadas por el ejecutivo quien dirige nuestra política exterior,
hasta tanto se reafirmaran las garantías de seguridad, de
que se van a respetar los convenios internacionales y nuestros consulados
puedan ejercer sus funciones como los mandan las leyes y las norma
internacionales”, concluyó diciendo Molina....Seguir Leyendo laverdadnosenegocia
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