El escándalo de extorsión que se ha desatado en la Oficina de Ingenieros Supervisores del Estado (OISOE) a raíz del suicidio de un arquitecto que se sintió estafado obliga al Gobierno y a las autoridades judiciales a realizar una profunda y exhaustiva investigación que no puede quedarse en la superficie de los hechos y en respuestas coyunturales
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