La Procuraduría General de la República solicitó la suspensión de una resolución emitida por una jueza interina del Tribunal de Ejecución de la Pena de San Cristóbal, el pasado viernes, con el que otorga permiso a más de 50 reclusos, muchos de estos acusados de sicariato, violación a la ley de tráfico de drogas, homicidio agravado y violación sexual. “Todos, crímenes tipificados por el Código Penal Dominicano como graves”....seguir leyendo
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