Los sujetos obligados de la Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo llevan varios años eludiendo la responsabilidad de reportar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) las transacciones de efectivo relacionadas con sus clientes que presenten un monto de al menos US15,000 o su equivalente en pesos. Desde el año 2017, las estadísticas oficiales evidencian una disminución progresiva de los reportes de operaciones de este tipo, lo que pone de manifiesto que en la República Dominicana se está incumpliendo con la obligación de prevenir el riesgo de lavado de activos.elcaribe.
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